La Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado peruano por la esterilización forzada y fallecimiento de Celia Ramos en 1997. El fallo histórico ordena reparaciones integrales para miles de víctimas y marca un precedente en la defensa de los derechos reproductivos en América Latina.
(Fotos cortesía: Connie France) – La familia esperaba justicia desde 1997. El caso Ramos Durand y otros Vs. Perú tuvo siempre una demora injustificada. Pero el 6 de marzo de 2026, ocurrió un fallo histórico en derechos humanos, con especial importancia para América Latina. La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional de Perú por la muerte de Celia Ramos Durand, víctima de una esterilización forzada en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF) implementado durante el régimen de Alberto Fujimori.
El tribunal reconoció que estas prácticas fueron una política estatal discriminatoria, dirigida especialmente contra mujeres indígenas, campesinas y rurales en situación de pobreza.
“La esterilización forzada es una de las más graves violaciones a derechos humanos que puede cometer un Estado, porque ocurre dentro del cuerpo de una mujer, sin su permiso”, expresó Catalina Martínez Coral, vicepresidenta para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos.
Derechos vulnerados y reparación
La Corte IDH concluyó que el Estado peruano violó los derechos a la vida, integridad personal, salud, libertad, vida privada, igualdad y no discriminación de Celia Ramos. También reconoció la afectación a los derechos de la niñez de sus hijas, y la protección judicial de la familia: Marisela del Carmen Monzón Ramos, Emilia Edith Monzón Ramos, Marcia Maribel Monzón Ramos (hijas); Baltazara Durand de Ramos (madre) y Jaime Enrique Monzón Tejada (esposo).
El fallo ordena:
- Investigación y sanción de responsables, incluidos exministros de salud.
- Política pública nacional sobre salud sexual y reproductiva con enfoque de género.
- Registro de víctimas (REVIESFO) actualizado e inclusivo.
- Reparaciones integrales para todas las mujeres afectadas.
La esterilización forzada de Celia
De acuerdo con el comunicado de la Corte IDH, los hechos del caso ocurrieron en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (1996-2000) en Perú, que impulsaba la anticoncepción quirúrgica voluntaria, pero derivó en más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema.
En este contexto -explica el boletín- Celia Edith Ramos Durand de 34 años, fue presionada por personal de salud para someterse a una ligadura de trompas. El 3 de julio de 1997 fue intervenida en el puesto de salud del Caserío La Legua, acondicionado provisionalmente como sala de operaciones. El establecimiento no contaba con los equipos ni medicamentos necesarios para una adecuada evaluación de riesgos ni para enfrentar emergencias.
«Durante la intervención -dice el comunicado- la señora Ramos Durand presentó una reacción alérgica severa. Fue trasladada a una sala de recuperación con recursos limitados y, aproximadamente 30 minutos después, a la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica San Miguel de Piura, donde estuvo hospitalizada 19 días hasta su fallecimiento el 22 de julio. Su familia no recibió información clara sobre las complicaciones, no se realizó una necropsia y el Estado asumió los gastos médicos y funerarios».
Impacto regional y memoria colectiva
Este precedente es la primera condena internacional sobre esterilizaciones forzadas en Perú y constituye un punto de inflexión para la justicia en la región. Organizaciones como DEMUS, CEJIL y el Centro de Derechos Reproductivos destacaron que el cumplimiento de la sentencia será clave para desmontar estructuras de desigualdad y garantizar que estas violaciones nunca más se repitan.
“Después de décadas de impunidad, la Corte Interamericana reconoció la responsabilidad del Estado peruano y estableció estándares clave para garantizar verdad, justicia y reparación”, afirmó Gisela de León, Directora Jurídica de CEJIL.
